b_250_160_16777215_00_images_2014_h_IMG-20140604-WA0021_Custom.jpgEl Ministro de Derechos Humanos de Misiones, Edmundo Soria Vieta, fue uno de los disertantes de la 19 sesión plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos, que culminó en Paraná, Entre Ríos, con la presencia del ex juez Baltazar Garzón, actual presidente del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO.

El encuentro tuvo también la participación del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; el secretario Ejecutivo del Consejo Federal, Agustín Di Toffino, además de las autoridades de distintas provincias.

Soria Vieta destacó la ponencia de Baltazar Garzón, quien disertó sobre "Los derechos humanos en la planificación de políticas públicas. El caso argentino en la perspectiva internacional", y comparó las diferencias de las políticas de derechos humanos entre nuestro país y España, donde fue apartado del cargo por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo.

Garzón habló de la universalidad de los derechos humanos: "Cuando se trata de crímenes contra la humanidad, la nacionalidad de la persona no tiene que importar. Los crímenes de lesa humanidad son de jurisdicción universal" y prosiguió: "Cuando un país consigue dar un salto cualitativo en la búsqueda de Justicia, como es el caso de Argentina, los valores humanos se convierten en políticas de Estado".

El titular de la cartera de Derechos Humanos misionera, contó que cayó muy bien entre sus pares la decisión del gobernador Maurice Closs de crear una subsecretaría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para contar con un área específica para analizar cómo se trabaja sobre esos derechos en Misiones y el impacto de las políticas específicas y focalizadas, como el plan Hambre Cero.

“Las dictaduras esconden los problemas sociales. Misiones y la democracia no esconden nada”, señaló Soria Vieta sobre la nueva subsecretaría cuyo objetivo es contar con estadísticas que sirvan para la elaboración de nuevas políticas y el estudio de las medidas que se aplican para ver cómo impactan en la sociedad.

De este modo, Misiones sigue a la vanguardia en la protección de los derechos de los habitantes del suelo provincial.

El plenario culminó con una declaración de homenaje al protector de los pueblos libres, José Gervasio Artigas, un año antes del bicentenario de la primera declaración de la Independencia, que se firmó en Entre Ríos. También homenajeó a la memoria de Juan Gelman, el escritor, poeta y gran luchador por los derechos humanos, que falleció en enero de este año.

“Se habló de los avances de derechos humanos y la mejora de las condiciones de vida de una amplísima cantidad de ciudadanos con inclusión social, a través de la Asignación Universal por Hijo, la nueva moratoria previsional, las becas para estudiantes y la inclusión habitacional a través del Procrear”, explicó Soria Vieta.

También hubo consenso entre los representantes de las provincias de diversos colores políticos, en que más allá de quien gane las elecciones del año próximo, “se deben profundizar estas políticas”.

Uno de los temas centrales del plenario fue la construcción de políticas públicas de seguridad democrática para prevenir la violencia institucional desde el Estado y las fuerzas de seguridad. Hubo coincidencia en que “se debe prevenir, mediar y que el Estado debe actuar con criterio y prudencia” ante manifestaciones públicas o la represión de un delito.

“El uso de la fuerza debe ser la última acción, invariablemente subordinada al poder público”, señalaron los representantes provinciales. En ese contexto, quedó en análisis la creación de un registro de episodios de apremios ilegales o de violencia institucional en todas las provincias. Al mismo tiempo, se acordó que todas las provincias pongan en marcha mecanismos de prevención de las torturas.

El Confederal trató temas como Memoria, Verdad y Justicia; Violencia de género y Trata de Personas; Violencia Institucional; Pueblos Originarios y Políticas de Derechos Humanos en municipios.

Otro punto de acuerdo entre los ministros y secretarios de todo el país fue recordar la vigencia de la ley 25871 del régimen legal para migraciones. En su artículo 7 dice que en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno, sea ente público o privado y en el artículo siguiente, se advierte que no se puede negar ni restringir en ningún caso el acceso a la salud. Las autoridades educativas o sanitarias, deben asesorar a los padres para regularizar la situación, pero en tanto, deben ser atendidos.

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