b_250_160_16777215_00_images_2014_h_Diputados_bloque_PAyS-NE_Custom.jpgLa diputada provincial, Myriam Duarte (PAyS-Nuevo Encuentro), impulsa un proyecto para que la Cámara de Representantes modifique el inciso “G” del artículo 12 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (antes Nº 3820), que garantiza la salud integral de niñas y adolescentes, como lo indica dicha norma.

De modificarse quedaría redactado de la siguiente manera:  “...asegurar la salud integral de toda niña embarazada, garantizando el acceso al aborto no punible, en los casos que así lo requieran, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 del Código Penal”.

La legisladora que espera que el proyecto tenga dictamen en la comisión de Género, Familia y Juventud -presidida por Fernando Meza (FR)- manifestó que “en el artículo que plantea la atención sanitaria a toda niña embarazada, incluimos la importancia de garantizar acceso a un ANP en caso de violación en niñas de entre 13 y 18 años”, explicó Duarte. Esto no sólo implica que puedan ser informadas sobre la posibilidad de acceso a un ANP, "sino también que, ante una violación, deben ser asesoradas sobre el kit del día después -que tiene que ser suministrado por el sistema público de salud, al igual que los insumos sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual”, aseveró la diputada.

Falta de información sobre derechos

La provincia de Misiones cuenta desde el año pasado -marzo de 2013- con el protocolo para la realización de abortos no punibles (ANP), sin embargo, cada vez que una niña o adolescente de 12 a 18 años, concurre a algún centro sanitario solicitando la interrupción de un embarazo producto de una violación, no se le informa sobre el derecho que le asiste. Lo que significa que se vean obligadas a continuar con un embarazo no deseado, a parir y luego a criar a un bebé, sin siquiera haberse desarrollado física ni psíquicamente.

Hay que recordar que, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en 2010 quedó establecido que para el Código Penal de la Nación (artículo 82, inciso 2) el profesional de la salud y la mujer no incurren en delito de aborto cuando el embarazo es producto de una violación, en los casos en que la salud física o mental de la mujer corra peligro o si la mujer es “idiota o demente”. No obstante esta aclaración de la interpretación del artículo, su debate en el país suscitó opiniones de todo tipo basadas en argumentos culturales y religiosos, principalmente.

“Se señalaron muchos argumentos para no cumplir con los abortos en caso de violación y muchos de ellos estuvieron basados en pareceres personales, sin argumentación científica de qué le ocurre o le puede ocurrir a la niña, mental o psíquicamente al ser obligada a continuar un embarazo que fue producto de una violación”, dijo Duarte.

Es por esto que espera que su proyecto impulse un debate social “que nos debemos hace rato y queremos que ese debate sea con sustento científico, por eso estamos buscando los profesionales que mejor puedan asesorarnos al respecto en la Comisión de Género”, expresó.

"La objeción de conciencia es individual no institucional"

Si bien los profesionales médicos de los hospitales públicos pueden realizar objeción de conciencia, es decir, negarse a hacer el aborto amparándose en cuestiones espirituales, religiosas u otras, el protocolo del ANP es bien claro al señalar que esta objeción es individual, no institucional. Eso significa que “toda institución a la que se recurra para la práctica de un ANP deberá en cualquier caso garantizar su realización”, dice el protocolo.

“Muchos médicos señalan objeción de conciencia, pero lo cierto es que en la provincia se realizan abortos en la clandestinidad, algunos en condiciones de gran riesgo, que son a los que pueden acceder las mujeres que carecen de recursos económicos, o en consultorios de médicos que cobran grandes sumas de dinero a familias que pueden pagarlos”, explicó Myriam Duarte, resaltando la importancia de aprovechar la oportunidad para debatir con fundamentos y para “sincerarnos como sociedad y dejar de hablar desde la hipocresía”.

Además, recordó que no sólo el personal médico del sistema público de salud tiene una responsabilidad ante estos casos, sino que todos los funcionarios públicos, incluidos policías y maestros, están obligados a denunciarlos. “Si es necesario una capacitación para garantizar que así sea, habrá que hacerla”, resaltó la diputada provincial.

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