b_250_160_16777215_00_images_2014_j_informacion_publica_._Custom.JPGEl Observatorio de Acceso a la Información Pública Misiones (OBAIPUMI), a través de sus integrantes Mónica Santos y Mabel Oviedo, asistieron esta mañana a una reunión convocada por el Subsecretario de Seguridad y Justicia, Julio Lenzken. Horas después se concretó una segunda reunión, esta vez presidida por el Ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, Jorge Franco.

En ambos encuentros, se intercambiaron las respectivas visiones e interpretaciones sobre la aplicación de la Ley IV Nº 58 de acceso a la información pública y sus respectivas normas reglamentarias, como así también sobre su operatividad y las trabas generadas por respuestas negativas, incompletas o por falta de cumplimiento de la Ley en cuanto a los plazos establecidos.

De acuerdo  a los compromisos asumidos por Lenzken y Franco, salvo los casos de excepción previstos,   la ley se interpretará en sentido amplio, es decir que se darán curso a las solicitudes sin limitarse al alcance restrictivo establecido en el artículo 2 (Ley IV Nº 58), tal como había  ocurrido en  varias solicitudes tramitadas y dadas a conocer recientemente.

Además de  posibilitar el envío de las solicitudes por correo,  también se implementarían medidas para publicar el estado de los trámites en la página del Ministerio. A su vez, a mediano plazo se estudiaría  la incorporación de un formulario de pedido en línea, que facilite  el acceso a la información a ciudadan@s del interior de la provincia.

Las representantes de OBAIPUMI evaluaron como  positivo este primer  diálogo con las autoridades encargadas de aplicar la ley  en Misiones porque implica un reconocimiento al Observatorio  recién constituido y  por las implicancias que tendrá -a partir de ahora- en la respuesta que recibirán l@s ciudadanos requirentes, principalmente en lo atinente a la información comprendida y a los plazos del organismo de aplicación.

Próximamente, OBAIPUMI presentará una propuesta de modificación de algunos artículos de  las normas reglamentarias, cuya interpretación da lugar a confusiones y por lo tanto no favorece la transparencia.

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