La diputada provincial Myriam Duarte (PAyS-Nuevo Encuentro), destacó una serie de irregularidades en la implementación de la tarjeta Sube Misionera, por ejemplo "es inexplicable que para la reposición de la tarjeta en caso de extravío, hurto o daño, haya que pagar 70 pesos”.

Duarte recordó que a nivel nacional, todo lo relativo a la tarjeta Sube lo realiza el Estado, y solamente terceriza la recarga de las tarjetas. "Esto se hace con el objetivo de que el Estado pueda controlar fehacientemente cuál es el número real de pasajeros que viajan a diario en los diferentes servicios, y de esa manera poder evaluar con mayor exactitud la situación de los subsidios y su vigencia. En el caso misionero, no sólo el servicio queda totalmente en manos de una empresa privada -a pesar de ser un servicio público, por lo que debería ocuparse el Estado- sino que además, sin licitación, se concesionó a una Ute conformada por las mismas empresas del Sistema de Transporte Integrado, que son las producen, entregan, venden y controlan todo, empezando por el sistema electrónico, de tal manera que la empresa es su propio contralor, y el Estado Provincial se desentiende de una obligación que debe ser indelegable".

La diputada Duarte remarcó que otra de las irregularidades que observa es que "para solicitar la tarjeta, el municipio de Posadas pide cierta información que viola la ley de preservación de datos personales, ya que el usuario está obligado a entregar a una empresa privada, una serie de requisitos que igualan casi a los requeridos para pedir un préstamo. Alguien puede explicar por qué razón, por ejemplo, a los usuarios se les toma una fotografía, si no se la usa para la impresión de la tarjeta?", se preguntó.

Reiteró que son muchas falencias, "los privados tienen unas atribuciones desmesuradas, y vemos la delegación total por parte del Estado de lo que son sus obligaciones constitucionales", manifestó la legisladora.

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