b_250_160_16777215_00_images_2014_j_camara_comisaria.jpgEl dispositivo de seguridad buscará frenar apremios y aumentar el control social sobre el accionar de la fuerza policial. Desde el PAyS señalan que por el bien de los buenos policías, hay que frenar y separar a los malos.

Un proyecto de Ley propondrá la puesta en marcha de un dispositivo de seguridad ciudadana en todas las dependencias policiales donde eventualmente se alojen personas demoradas o detenidas, en las cuales se instalarán cámaras de seguridad, además de incorporar la obligatoriedad de registrar en video de todos los operativos y procedimientos que se realicen fuera de las dependencias, siempre con el debido respeto por el principio de inocencia que hay que preservar, y con el único fin de evitar o frenar abusos y la violencia institucional.

El proyecto, que es mucho más amplio pero establece estas novedosas herramientas tecnológicas para evitar apremios y abusos policiales o dilucidar los hechos controvertidos, “es en beneficio de la comunidad en general pero también de la propia policía, porque hay una necesidad común de curar desde adentro porque la desconfianza y el temor hacia los efectivos perjudica tanto a los policías que pegan o matan como a los buenos policías”, explicó el legislador Héctor “Cacho” Bárbaro, autor de la iniciativa.

El proyecto de Ley también adhiere a los principios del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes al que adhirió la Argentina, para lo cual el Partido Agrario y Social realizó consultas con uno de los referentes locales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el abogado querellante en la causa Wasyluk Rafael Pereyra Pigerl, y en tanto también coincide con un trabajo que encaró el Colegio de Abogados de Misiones en relación al mismo protocolo.

“El proyecto incluye una instancia de participación y control ciudadano externo a la fuerza policial y al ministerio de gobierno, y eso es muy novedoso pero necesario. Existen leyes que en este sentido funcionan muy bien, como en la provincia del Chaco, y que lograron reducir la cantidad de hechos de violencia institucional en los ámbitos de detención. Y esto es importante resaltar porque no estamos proponiendo locuras ni delirios, sino herramientas que ya se aplican en otros lugares. Tenemos que ser capaces generar nuestras propias herramientas legislativas para un cambio que ya no se puede posponer, no podemos quedarnos solo en la evidencia de que ya no da para más, que no puede haber un muerto más en manos de la fuerza policial, que no puede haber más abusos y apremios, por eso hacemos este aporte”, explicó Bárbaro, quien señaló que a la propuesta "habrá que debatirla, como también se tendrá que poner en debate serio la formación de los policías y las responsabilidades y errores de la conducción, pero lo que no se puede hacer más es eludir el debate, o hacer como que no pasa nada, que son hechos aislados como quiere mostrar el ministro Jorge Franco".

El proyecto de ley tomará estado parlamentario en los próximos días y desde el PAyS anticiparon que solicitarán el acompañamiento del mayor número de legisladores.

Bárbaro recordó que el caso Girula no es el único en el que se refleja el abuso de la fuerza y que los casos suman unos veinte (entre personas fallecidas y denuncias de apremios graves) en los últimos tiempos, por lo que el dispositivo posibilitará no sólo dilucidar hechos. “También funcionará como método disuasivo y permitirá que los buenos policías no sufran la estigmatización. También permitirá que la autoridad política se sienta más presionada a actuar, porque hasta la fecha, y salvo el caso Girula, en los demás siempre se sospechó de una postura de encubrimiento por parte de los funcionarios responsables, el tratar de tapar, de minimizar, de mostrar que todo anda bien en lugar de hacerse cargo de las fallas y corregirlas, y así llegamos a este punto que es una bisagra porque la sociedad ya no se banca un atropello más”.

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