En la Cámara de Representantes fue aprobado el tratamiento preferencial solicitado por la diputada Myriam Duarte (PAyS-Nuevo Encuentro) para su proyecto de comunicación sobre el caudal de información que se solicita a los usuarios para tramitar la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) Misionero.

La legisladora pidió que el Poder Ejecutivo Provincial por medio de la Secretaría de Transporte de Misiones informe -con respecto a la implementación de la Sube- qué instrumentos legales avalan la recopilación de datos que realiza la empresa en el formulario que deben completar los usuarios para solicitar la tarjeta. Si en esos instrumentos consta la finalidad atribuida a semejante relevamiento de información, teniendo en cuenta las claras restricciones planteadas en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Protección de Datos Personales.

Además, Duarte quiere saber qué instrumentos de procesamiento y preservación de datos personales se implementan para garantizar el correcto resguardo de la información relevada, y si la empresa Servicios Urbanos SA se encuentra debidamente inscripta en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, según lo ordena la Ley 25.326.

También inquiere acerca de qué mecanismos se diseñaron en paralelo para garantizar el acceso a la información de los titulares de la misma, una vez ingresados a esta base de datos; qué mecanismos se emplearon para la adjudicación de responsabilidades de adquisición de software, hardware y confección de tarjetas a la empresa Servicios Urbanos SA y en caso de tratarse de llamado a licitación o de adjudicación directa remitir documentación pertinente.

La diputada provincial explicó que "de acuerdo a la Ley 25.326 de Protección de datos personales, en su artículo 2 se entiende por éstos, a la información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. En la era de las comunicaciones, el manejo e intercambio de datos se convirtió en una práctica habitual tanto para el sector público como para las empresas, las que los utilizan para el desarrollo de sus actividades cotidianas, por ello, en nuestra Constitución, en su artículo 43 reconoce el derecho fundamental a que los datos personales sean protegidos, y por ello todas las personas físicas o ideales que cuenten con bases de datos (escuelas, hospitales, médicos, aseguradoras, empresas, etc.) están obligadas a seguir ciertas reglas que garanticen su uso adecuado y seguro", subrayó.

"El registro de datos de la empresa de transporte debe ajustarse a la legislación vigente"

La legisladora Duarte señaló que "un pilar básico y fundamental de un sistema efectivo de protección de datos personales es la garantía de la seguridad de la información, entendiendo a ésta como la implementación de medidas administrativas, físicas y técnicas eficaces para garantizar y velar por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Ello contribuye a minimizar los riesgos de acciones en contra de la información personal como robo, alteración o modificación o pérdida de transmisiones indebidas o ilícitas, accesos no autorizados y robo de identidad, entre otras. Así también como la indebida utilización de datos sensibles favoreciendo distintas formas de discriminación, que pueden lesionar los derechos o libertades fundamentales. Por ejemplo que se utilice de forma incorrecta cierta información de salud lo que podría ocasionar una discriminación laboral, entre otros supuestos”.

La ley mencionada, regula la forma y condiciones en que deben utilizarse los datos personales por parte de personas físicas o morales en el ámbito privado, tiene por objeto garantizar la protección de la información personal y que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a decidir, de manera libre e informada sobre el uso que los entes privados darán a los datos. A esto se le conoce como “Tratamiento de datos” (artículo 2 de la Ley 25.326).

Es necesario que se garantice los derechos del titular de datos personales, quien por ejemplo debería tener -como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires-, la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326”, dijo Duarte.

A través de su proyecto pretende que el registro de datos de la empresa, se ajuste a la legislación vigente para garantizar que los datos no sean utilizados para una finalidad distinta para la cual fueron proporcionados, y también que sean accesibles al ente de contralor que es la Dirección Nacional de Datos Personales, para su efectiva protección.

Este organismo tiene a su cargo el Registro de las Bases de Datos, instrumento organizado para conocer y controlar las bases de datos; también asesora y asiste a titulares de datos personales recibiendo las denuncias y reclamos efectuados contra responsables de los registros, archivos, bancos o bases de datos por violar los derechos de información, acceso, rectificación, actualización, supresión y confidencialidad en el tratamiento de los datos.

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