En los últimos días hemos leído mucho sobre los insistentes reclamos del sector empresarial acerca de los abusos en el accionar de la Dirección General de Rentas de Misiones, amparada en una legislación que le otorga súper-poderes por encima de las garantías constitucionales que están para defender a los ciudadanos de los atropellos y arbitrariedades del poder.

Lejos de ello, el organismo fiscal impone sin pudor severas restricciones al desarrollo de la actividad económica de Misiones, como por ejemplo las retenciones y secuestros de transportes de cargas de mercaderías en los controles montados sobre los accesos a la provincia en las rutas nacionales 12 y 14.

Ello no solamente trae complicaciones a la relación con los proveedores de otras provincias y con las empresas transportistas, sino que en muchos casos genera problemas de abastecimiento, obligando al pago de cuantiosas multas que luego “se deben arreglar” en las oficinas de la Dirección General al decir de muchos afectados, agregando entonces sospechas de corrupción en el accionar de este organismo.

El modo de actuar caprichoso y hasta vejatorio en los puestos de control genera enojosas situaciones que en nada ayuda al desarrollo económico de la provincia, sino que por el contrario, agrega un factor negativo más que se suma al flagelo de la inflación que castiga en mayor medida a los consumidores de menos recursos y a una presión fiscal que parece haber llegado al punto de haber agotado la capacidad contributiva de los contribuyentes que se ven sujetos una carga récord de impuestos sin recibir por parte del Estado prestaciones que compensen mínimamente tal sacrificio.

Pero además, la provincia de Misiones es la única jurisdicción del país que grava con Ingresos Brutos a las exportaciones desde el año 2006, violando así el principio económico que impide gravar dichos ingresos para no exportar impuestos, trayendo aparejada la pérdida de competitividad de nuestros productos en el mercado mundial, además de generar enormes complicaciones en la aplicación del Convenio Multilateral no solamente a las empresas misioneras sino a aquellas con sede en otras provincias que realizan operaciones aquí.

Pero la pretensión del fisco va aún más allá al gravar todas las exportaciones que las empresas extraprovinciales hagan por cualquier aduana del país aplicando el coeficiente unificado de distribución de base imponible asignado a Misiones.

Un reciente fallo (4/2/14) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Aceitera Martínez c/Misiones, Provincia de s/Acción Declarativa de Inconstitucionalidad” donde se está discutiendo si la pretensión fiscal excede el límite territorial de la potestad impositiva de Rentas, ordena a la provincia no seguir aplicando dicha norma hasta tanto se dilucide la cuestión de fondo, por lo que estamos en vísperas de lo que podría ser una sentencia que genere un precedente importante para todos quienes se encuentran en similar situación.

No estamos en contra de la recaudación de impuestos hecha en forma justa, equitativa y por sobre todo sin violar cláusulas constitucionales. Sí, nos oponemos al accionar represivo que desconoce elementales derechos y garantías que todos los ciudadanos tenemos, y por supuesto sobre todo aquello que, con el pretexto de contribuir a la recaudación que el gobierno necesita, atenta de manera absurda contra el desarrollo de la castigada economía misionera.

CPN Luis M. Pastori

Diputado Nacional U.C.R.

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