Germn-Bordn Custom-min.jpgLa iniciativa presentada por el diputado Germán Bordón (UCR) propone modificar el reglamento de Cámara, instalando “audiencias públicas” para el nombramiento de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, procurador general, fiscal de Estado, magistrados y funcionarios propuestos por el Poder Ejecutivo.

El escándalo protagonizado en los últimos días por el ministro del STJ César Santiago, al develarse que éste percibía un sueldo en la EBY al mismo tiempo que era miembro del Superior Tribunal, dejó a la luz la necesidad de rever los mecanismos para futuras designaciones en la Justicia.

En este sentido, el diputado radical Germán Bordón motoriza un proyecto de Resolución que modifica el Reglamento de Cámara para el trámite parlamentario para prestar acuerdo a la designación de nuevos integrantes del máximo órgano judicial. La iniciativa promueve incorporar las audiencias públicas, garantizando así “transparencia y participación ciudadana en el proceso”.

“El procedimiento de audiencia pública para el otorgamiento de acuerdos legislativos para el nombramiento de magistrados y funcionarios propuestos por el Poder Ejecutivo regulado por los artículos 47 y 70 bis del Reglamento de la Cámara, no comprende a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, al procurador general ni al fiscal de Estado. Es una excepción que no contribuye en modo alguno al principio de publicidad que debe enmarcar a todos los actos de un gobierno genuinamente republicano”, señala Bordón en su Proyecto.

“Incluir a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, al procurador general y al fiscal de Estado, resulta aún más necesario que a los magistrados inferiores, los que ya pasaron por un procedimiento de evaluación, a través del Consejo de la Magistratura”, remarca el Diputado, cuyo proyecto lleva además la firma de sus pares radicales, del PRO, PAyS, TyP y Frente Unidos.

Si el proyecto prosperara, las audiencias públicas permitirán el contralor ciudadano, a través de la publicidad de los antecedentes de los propuestos por el Poder Ejecutivo, incluida la posibilidad de la impugnación ciudadana.

Como antecedente, en el 2009, y en oportunidad de la designación de los Zarza y Santiago como ministros del Superior Tribunal, el también diputado radical (MC) Pablo Andersen promovió una iniciativa en el mismo sentido; la cual no logró prosperar.  Ante el cambio del escenario político, Bordón se mostró optimista ante la posibilidad de concretar una reforma “que garantice la idoneidad de los magistrados y funcionarios”.

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