A partir del 10 de Diciembre del año pasado, hemos comenzado una etapa de corrección económica, de ampliación de derechos sociales y dereconstrucción de nuestras instituciones democráticas.

En lo económico, la salida del cepo y el acuerdo con los holdouts en los primeros tres meses de gobierno, permitieron que nuestro país recupere la confianza y la certidumbre, que son pilares esenciales para el desarrollo. La ampliación de derechos a través del pago de  las asignaciones familiares a monotributistas, la devolución del IVA a los sectores más vulnerables, la tarifa eléctrica social, y una medida que beneficiará a más de 2.300.000 argentinos como la recomposición jubilatoria y el pago de los juicios que tienen los jubilados contra el Estado, son medidas sociales esperadas desde hace mucho tiempo.

En cuanto a lo institucional, está más que claro que el combate contra la corrupción que nuestro  gobierno de Cambiemos encara no es solo un relato, sino que es una realidad que viene acompañada de medidas de modernización y de libre acceso a la información pública, y de un respeto a la división plena de los poderes. Esta primavera institucional, que viene a poner punto final al invierno populista, está a punto de dar otro paso de mejoría a través de una reforma política electoral  para que el sistema sea más transparente, competitivo, y equitativo.

A la continuidad  de las PASO como método  ideal de selección de candidatos de todos los espacios políticos, se le suma la puesta en marcha de la Boleta Única Electrónica (BUE), que viene a  desterrar las trampas  que el sistema de boletas múltiples fue generando, como el robo de boletas y el voto en cadena, y que viene a terminar con el gasto millonario que la impresión de boletas y los ejércitos de fiscales generan. Claro que estos beneficios  solo se producirán en las elecciones de autoridades nacionales, ya que en nuestra provincia la reforma política y electoral, no está en la agenda del gobierno de Hugo Passalacqua ni en la del presidente de la Legislatura y del partido oficialista provincial, Carlos Rovira.

Sobran estudios y artículos de investigación sobre el nefasto efecto que tiene la ley de lemas en la democracia y en las instituciones misioneras. Estos efectos nocivos se ven:

1)- En la distorsión del voto ciudadano que termina eligiendo de manera indirecta a sus representantes.

2)- En el incentivo a cambiar  las autoridades municipales dentro del lema oficialista que cuenta con los mayores recursos, en su mayoría provistos desde el Estado.

3)- En la consecuente falta de competitividad electoral, que entroniza al partido gobernante bloqueando las posibilidades de alternancia, que a su vez genera.

4)- Una concentración del poder político nunca antes vista en la provincia afectando dramáticamente la división de poderes.

El impulso del gobierno  nacional para lograr  mejores normas electorales, colisiona de manera directa con esta tramposa y dañina ley de lemas, que tiene el único objetivo de beneficiar a UN partido! a costa de los intereses de todos los demás actores políticos, pero sobre todo a costa de la sociedad, que ve vulnerada sus derechos de elegir a sus representantes en elecciones competitivas, y a contar en su consecuencia, con los necesarios equilibrios de un sistema democrático republicano, y con una justicia independiente de las presiones del gobierno de turno.

El ingreso al  Congreso de la Nación del proyecto de reforma política electoral impulsado desde el Poder Ejecutivo, nos brinda a los misioneros una nueva oportunidad para plantearnos nuestra reforma a nivel local. Si para el gobierno provincial, como viene declamando con bombos y platillos, es la hora del diálogo, del respeto, y de construir gobernabilidad, desde la oposición le volvemos a plantear que ahora más que nunca...es la hora de la reforma electoral.

 

Luis Pastori

Diputado Nacional

Cambiemos, UCR Misiones

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