b_400_0_16777215_00_images_2017_bebe_20170518_115801_Custom-min.jpgConvocadas por la comisión de Niñez, Género y Familia de la Cámara de Diputados, funcionarias y la ONG Alto a la Trata desnudaron la falta de articulación en las políticas vinculadas a la contención de las víctimas de violencia y de trata de personas.

Benilda Dammer, Claudia Lascano, de Alto a la Trata y Rosana Franco, expusieron en la comisión en el marco de un pedido de informes sobre violencia en las fuerzas de seguridad y el tratamiento de un proyecto de ley de Casas Refugio, autoría de Losada a raíz de una iniciativa de Alto a la Trata.

Lascano cuestionó la falta de articulación entre los distintos organismos para determinar la ayuda y contención a las víctimas. “No somos un alquiler de habitaciones, trabajamos en base a las articulaciones con el Estado”, advirtió.

La encargada de la ONG contó que prestan refugio a víctimas de violencia pese a que hay hogares similares que dependen del Estado y cuestionó que el ministerio de Derechos Humanos haya “retrocedido” en algunas acciones en la protección de las víctimas.

“Derechos Humanos dice que no hay más víctimas de trata misioneras y claramente, por la situación social, hoy vuelven a aparecer”, reveló a la comisión. “Las respuestas las damos nosotros a pedido de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, con apoyo de Desarrollo Social”, insistió.

En relación al proyecto de crear nuevas casas de refugio, Lascano pidió que no se trate solamente de los lugares físicos, sino que cuenten con equipos especializados, como psicólogos y trabajadores sociales, pero especialmente, abogados, para que puedan hacer seguimiento de los casos y ayudar a la víctima en la Justicia. “El proceso judicial es muy importante en la reparación”, explicó.

Por otra parte, Rosana Franco confirmó que dentro de las fuerzas de seguridad que operan en la Provincia hay 31 casos de agresiones de efectivos contra sus parejas. En varios casos, fueron desafectados y en otros, hay instancias judiciales.

Losada cuestionó que el presupuesto para la contención de las víctimas de violencia y de trata se subejecutó y reclamó que el Estado asuma su responsabilidad.

En esa línea se enmarca el proyecto de ley de creación del sistema de Casas refugios estatales y estatales de gestión privada que albergará a los niños, niñas y/o adolescentes en estado de vulnerabilidad y/o abandono, brindándoles por parte del Estado Provincial, y de los organismos  privados, y Organizaciones No gubernamentales que  se encargan de la gestión y organización diaria un lugar de protección y refugio a los niños, niñas y adolescentes.

Entre los objetivos de la ley figuran que el Estado regule la creación de las casas refugios estatales y la aprobación de las instituciones privadas que funcionen como tales y elabore un protocolo que establezca los estándares que deberán cumplir para su creación y/o aprobación.

Además, tiene que ejercer los seguimientos y controles necesarios a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y/o Adolescente y aprobar los distintos equipos multidisciplinarios de funcionamiento de funcionamiento de los Refugios.

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